El Cabildo de Epazoyucan mantiene en receso las sesiones y en pausa la aprobación de convenios con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la mayoría de sus integrantes condicionó la destitución del director de Obras Públicas, Ernesto Rodríguez Islas y de dos integrantes del Órgano Interno de Control.

La secretaria general municipal, Marina Montiel Lozada, informó que se ponen en riesgo los acuerdos para la instalación y operación de 19 cámaras de seguridad, las cuales serían colocadas en puntos estratégicos del municipio para que el C5i realice labores de videovigilancia y monitoreo.

Así como el convenio de colaboración con Pemex para la donación de mil 500 toneladas de asfalto, destinadas a trabajos de pavimentación y reencarpetamiento de vialidades, además de 400 mil litros de gasolina y 400 mil litros de diésel para la operación de vehículos, maquinaria y unidades adscritas a las áreas de la administración municipal.

La funcionaria explicó que el pasado 4 de julio de 2026, durante el desarrollo de la cuadragésima quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Epazoyucan, la síndica propietaria, Luz Elena Estrada Ubilla, a nombre de nueve integrantes de la Asamblea Municipal, solicitó la incorporación de un punto al orden del día para plantear la destitución del director de Obras Públicas, Ernesto Rodríguez Islas, así como el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas omisiones en el desempeño de sus funciones.

En la misma propuesta también se solicitó la destitución de Mayra Escalante Millán, integrante del Órgano Interno de Control, por un supuesto conflicto de intereses, y de Aura Barrasa Reyes, autoridad sustanciadora adscrita a ducho órgano, al considerar que sus funciones “se han visto afectadas en los avances de los procedimientos de responsabilidad administrativa”.

El punto fue aprobado con nueve votos a favor y dos abstenciones, del presidente municipal, Carlos Montaño Rodríguez, y el regidor Isidro Meneses Castelán.

Los tres acuerdos fueron votados y aprobados por mayoría simple, nuevamente con nueve votos a favor y las abstenciones del alcalde y del regidor Meneses Castelán.

No obstante, la secretaria general señaló que, aunque la mayoría del Cabildo acordó la destitución de los tres servidores públicos, el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo establece que corresponde exclusivamente al presidente municipal la facultad de nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración pública municipal.

“Aunque por mayoría los regidores y la síndica propietaria acordaron destituir a tres empleados de la administración pública municipal… el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo establece de manera clara y expresa que corresponde exclusivamente al presidente municipal la facultad de nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración pública, por tanto, los acuerdos del Cabildo deben emitirse dentro del ámbito de sus atribuciones legales, sin invadir competencias que el legislador confirió de manera exclusiva al presidente municipal”.

Agregó que la emisión, aprobación o ejecución de actos que excedan las competencias legalmente conferidas o contravengan disposiciones constitucionales y legales puede generar responsabilidades administrativas para los servidores públicos que participen en ellos.

En tanto, relató que el 15 de julio, durante la septuagésima cuarta sesión extraordinaria, en la que se consideraba la aprobación de los convenios con la SSPH y Pemex, las regidoras María Teodora Islas Espinoza, junto con los regidores Antonio Viveros Ávila, Dolores Gómez Islas, Alma Rosa Escorcia Castelazo, Omar Padilla Palacios, Lorena Camacho León y Beatriz García, solicitaron declarar un receso de la sesión hasta que el alcalde cumpliera con los acuerdos de destitución de los funcionarios.

Debido a ese receso, hasta ahora los convenios no pueden ser firmados por el presidente municipal, ya que no cuentan con la aprobación del Ayuntamiento y sus integrantes.

“Condicionan la autorización de dichos convenios hasta que el presidente destituya a los servidores públicos, lo que como ya se explicó, no es procedente”.