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El Centro Penitenciario El Castillo obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicándose en el rango rojo de la evaluación. La relevancia del informe aumentó tras los enfrentamientos registrados en el penal, que han dejado un saldo de 10 personas fallecidas y 16 lesionadas, además de un menor de dos años, y más recientemente, dos internos muertos en una nueva riña ocurrida este viernes.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el último incidente se registró en un módulo del penal y fue controlado por el Grupo Interinstitucional, que desplegó un operativo para proteger a la población penitenciaria y al personal. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, mientras que Trabajo Social contactará a los familiares de las víctimas. Las autoridades mantienen presencia dentro y fuera del centro para preservar el orden.

El diagnóstico señaló problemas en seguridad, gobernabilidad, prevención de violencia, servicios de salud y atención a grupos vulnerables. Aunque el penal no fue clasificado con sobrepoblación, se documentó que cinco mujeres vivían con sus hijas e hijos dentro del centro. El informe destacó insuficiencia de custodios, presencia de actividades ilícitas y falta de programas de prevención de violencia. También reportó deficiencias en mecanismos de quejas, sanciones disciplinarias y reglamentos internos.

La CNDH observó problemas en servicios de salud, alimentación, higiene en dormitorios y áreas médicas. Además, señaló una separación deficiente entre procesados y sentenciados, expedientes incompletos y escasa oferta de actividades deportivas. Como aspecto positivo, reconoció la existencia de programas laborales, de capacitación y de prevención de adicciones.

El enfrentamiento más grave comenzó en el módulo cuatro y se extendió al cinco, según informó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López. La situación fue controlada con apoyo de la Sedena, Guardia Nacional, Marina y policías estatales y municipales. Se aseguraron al menos dos armas cortas calibre nueve milímetros, cuyo ingreso al penal es investigado por la Fiscalía. Las visitas familiares fueron suspendidas de manera preventiva. La nueva riña de este viernes refuerza las preocupaciones sobre la seguridad interna y la capacidad de respuesta de las autoridades penitenciarias.

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