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La Cámara de Diputados aprobó en lo general la llamada “Ley Antimemes”, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet frente a contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor.

El dictamen fue avalado con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención, esta última correspondiente a la diputada morenista y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero.

La votación ocurrió después de que las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano intentaran frenar la discusión mediante mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.

La reforma aprobada este miércoles fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla multas para los proveedores de servicios de internet que incumplan las obligaciones establecidas en materia de derechos de autor. Según la legislación, las sanciones pueden alcanzar alrededor de 4.6 millones de pesos.

Entre las nuevas disposiciones se plantea que los proveedores cuenten con una política para suspender o cancelar el servicio a usuarios reincidentes en infracciones de derechos de autor, además de establecer mecanismos relacionados con contenidos que incorporen, sin autorización, obras protegidas, incluso cuando hayan sido modificadas mediante herramientas digitales o inteligencia artificial.

La iniciativa también contempla controles sobre el uso no autorizado de rostros, voces, imágenes, videos y otros materiales protegidos, mientras que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendría facultades para imponer las multas previstas en estos supuestos.

Durante el debate, el diputado del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que la reforma podría generar un efecto intimidatorio para medios de comunicación y usuarios de internet, mientras que el emecista Gibrán Ramírez cuestionó que los proveedores tengan incentivos para retirar contenidos ante el riesgo de recibir sanciones.

Es importante señalar que fue el pasado 30 de septiembre cuando el Senado aprobó modificaciones relacionadas con el uso fraudulento de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y documentos oficiales.

 

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