La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que exige a Nicaragua restablecer las condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, además de liberar a los presos políticos y recuperar las libertades civiles, en medio de la crisis política provocada por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La resolución fue adoptada durante la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en la sede de la OEA en Washington, D.C. Se trató de la primera reunión de cancilleres del organismo en siete años y fue convocada después de que Ortega anunciara en julio que Nicaragua no tendría más elecciones y que la oposición quedaría excluida de futuros procesos electorales.

El documento pide también restablecer la separación de poderes, garantizar el pluralismo político y contar con instituciones electorales confiables y observación internacional. Asimismo, reclama la liberación incondicional de los presos políticos, información sobre personas desaparecidas y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.

El conflicto se agravó en julio de 2026, cuando Ortega, quien gobierna Nicaragua junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, declaró que el país no volvería a celebrar elecciones y que los dirigentes opositores no podrían participar en futuros comicios.

Posteriormente, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, avanzó con reformas constitucionales que, entre otras medidas, contemplan extender de seis a siete años los mandatos de cargos de elección popular y restringir la participación electoral de personas consideradas por el Estado como “traidores a la patria”.

La OEA estableció ahora un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, que deberá comenzar sus trabajos dentro de los próximos 30 días. El grupo buscará dialogar directamente con las autoridades nicaragüenses y con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición y los nicaragüenses en el exilio.

Además, tendrá 60 días para presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas. La reunión de consulta permanecerá abierta y podrá volver a convocarse dentro de los 90 días siguientes a la primera reunión del grupo, o antes si la situación lo requiere.

Cabe recordar que Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, por lo que la resolución no constituye por sí misma una orden que el gobierno de Ortega esté obligado a ejecutar. El organismo tampoco puede imponer directamente sanciones, aunque sirve como espacio para que sus Estados miembros coordinen posibles medidas.