Con el objetivo de fortalecer los derechos humanos de la población penitenciaria y garantizar el acceso efectivo a la salud, el diputado Roberto Zataráin Leal presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para establecer, como un derecho garantizado, la práctica de al menos una valoración médica integral cada 12 meses a toda persona privada de la libertad.

La propuesta estipula que la Autoridad Penitenciaria, en coordinación con la Secretaría de Salud federal, dependencias estatales e instituciones del Sistema Nacional de Salud mediante convenio, ofrecerá este chequeo anual previo consentimiento informado.

La evaluación médica contempla exploración física general, tamizaje de enfermedades crónico-degenerativas, salud bucal, diagnóstico de salud mental, detección del consumo de sustancias psicoactivas y control de enfermedades transmisibles, considerando factores como edad, sexo y antecedentes clínicos.

El proyecto fue remitido a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación.