Al menos 10 servidores públicos adscritos a organismos dependientes de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo enfrentan procedimientos administrativos o penales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con cobros indebidos, robo de documentos y desaparición de bienes, entre otras conductas.

El director general del Instituto de la Defensoría Pública, Ciro Juárez González, informó que cinco servidores públicos fueron destituidos por realizar cobros indebidos por transferencias bancarias a las personas usuarias del servicio.

Uno de los casos continúa bajo investigación, por lo que aún no se ha determinado la sanción correspondiente aunado a que como parte del procedimiento, la persona involucrada tiene derecho a su defensa.

La directora del Registro del Estado Familiar, Celia Ramírez Godínez, indicó que en esa dependencia se tienen identificados dos casos. Uno de los servidores públicos involucrados ya fue inhabilitado, mientras que el otro permanece suspendido de sus actividades laborales.

Ambos están vinculados a proceso y se encuentran bajo investigación complementaria.

Explicó que uno de los casos está relacionado con el robo de documentos utilizados al interior de la dirección, mientras que el otro corresponde al cobro en efectivo de un trámite que debe pagarse mediante depósitos bancarios a través del formato F-7.

Este último servidor público habría recibido cerca de 300 mil pesos en efectivo durante el periodo auditado que comprende entre agosto de 2025 y enero de 2026.

Por su parte, el titular del Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo, José Luis Álvarez Tagie, informó que existen tres procedimientos administrativos ante los órganos internos de control por distintas irregularidades, entre ellas, deficiencias en los trabajos realizados y la desaparición de bienes del Estado que estaban bajo el resguardo de personal de la institución.