Hasta 26 mil niños migrantes que llegaron a Estados Unidos sin acompañantes afrontan una crisis legal en el país porque la Administración de Donald Trump quitó los fondos a organizaciones civiles que los defienden en las cortes, alertó este jueves el grupo Americans for Immigrants Justice (AI Justice).

El contrato federal de 100 agrupaciones venció el 31 de julio, lo que ha impactado a asociaciones altruistas de abogados como AI Justice, que perdió el 40 por ciento de su presupuesto y redujo su equipo, indicó la directora de dicha organización, Sui Chung, al inaugurar un simposio sobre el tema en Miami.

Estos recortes ocurren en un momento “crítico” para los niños migrantes en EE. UU., donde casi dos tercios de ellos, el 63 por ciento, no tuvieron un defensor en sus casos en 2025, señaló la abogada Esther Olavarria, al citar datos del Vera Institute of Justice, que calculó 425 mil menores de edad afectados, incluyendo los que sí llegaron acompañados.

Esto se suma a los 145 mil niños con ciudadanía estadounidense que han perdido al menos a uno de sus padres por los arrestos migratorios desde que comenzó la actual presidencia de Trump, incluyendo 22 mil que se quedaron sin ambos, según un análisis del Instituto Brookings.

En este contexto, el recorte de fondos a las agrupaciones civiles “es una crisis, es una necesidad increíble para poder asistir a estos menores que son una población muy crítica y muy vulnerable”, explicó la abogada Marisol Zequeira, directora del Programa Pro Bono de AI Justice.

AI Justice, una de las asociaciones de mayor perfil sobre el tema, recibió un número récord de llamadas el mes pasado, mientras el gobierno reportó más de 50 mil arrestos migratorios en agosto, la mayor cifra de la segunda gestión de Trump.

Los cambios normativos también impactan a los niños migrantes que están solos, quienes ahora pasan un tiempo estándar de cuatro meses en albergues, donde el gobierno debe buscarles un tutor para incorporarlos a la comunidad, señaló la directora del Programa Legal de Menores de Edad en AI Justice, Alexandra Manrique Alfonso.

En contraste, los casos ante las cortes migratorias “están acelerándose”, pues antes recibían continuaciones que permitían a los abogados prepararse por tres a seis meses para defender a los menores de edad, pero ese tiempo se ha reducido a dos o tres semanas.

Una deportación es “un riesgo grande” para estos menores de edad “porque muchos están aquí por alguna razón y tienen miedo a regresar por algún tipo de daño, maltrato, o abuso”, consideró Manrique Alfonso.