Con el inicio de la segunda quincena de septiembre empezó la cuenta regresiva para la reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, y la dictatorial forma de entender la democracia de su presidente Daniel Ortega, con alrededor de tres décadas en el cargo, mientras Anastasio Somoza, derrocado por el Frente Sandinista, duró 12 años en ese mismo puesto.

La reunión anunciada plantea varios temas que afectan a todos los países del área. El primero es la validez de la cita, pues el gobierno nicaragüense abandonó la organización en 2023, por lo que no estaría obligado se respetar los principios o cumplir las obligaciones de los documentos de la OEA.

Y de ser así ¿que harían los países que aprobaran algún tipo de declaración para hacer que el gobierno del país centroamericano la siguiera?.

Sin embargo, luego del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, todas las opciones se abren, incluida una acción militar unilateral, lo cual debe ser rechazado aún antes de plantearse. Las consecuencias de lo que ha pasado en Venezuela tras la intervención militar estadunidense son claras y lo desaconsejan.

Es absurdo por completo que sea el presidente estadunidense Donald Trump quien sea preguntado acerca de la fecha de las próximas elecciones en ese país andino, y que diga que “aún no lo decide”. Una injerencia de este tamaño es difícil de encontrar y también debe rechazarse.

A esa primera consecuencia se suma el acuerdo petrolero entre Caracas y Washington, que apenas el dos de enero pasado hubiera sido impensable. Más allá de los factores que impiden a las naciones latinoamericanas contar con recursos para explotar sus recursos naturales, que se diga, como lo hizo la mandataria encargada venezolana Delcy Rodríguez, que en el marco de ese acuerdo su país recibirá recursos para explotar el petróleo, es como la declaración de alguien que es amenazado con un arma en la sien. Estas dos consecuencia quedarían abiertas con una declaración poco rigurosa por parte de los cancilleres latinoamericanos.

Pero del lado de la izquierda latinoamericana en fuga, lo que se extraña es una actitud inteligente que se aleje de los dogmas. Podría empezar por explicar que entiende por democracia. Claro, no es lo mismo lo que podrían responder el ahora expresidente chileno Gabriel Boric (visto en su momento como esperanza de una izquierda renovada) y hasta el candidato perdedor a la presidencia colombiana Iván Cepeda, que el ex mandatario colombiano Gustavo Petro.

Una pregunta a responder sería muy simple: ¿los gobiernos de izquierda están dispuestos a dejar el poder sí o no? Y sin agregados.

Otra pregunta, asociada con la anterior, es si los gobiernos y en general organizaciones de izquierda asumen su compromiso con coexistir con quienes piensan y actúan políticamente diferente.

A ambas preguntas las respuesta de Ortega ha sido un rotundo no, por eso ha dejado sin nacionalidad a sus opositores y ha ido más lejos de encarcelarlos, al simplemente exiliarlos pero sin nacionalidad.

Esas acciones de Ortega han motivado la reunión de cancilleres de la OEA y merecen una respuesta.

Y la más importante es conocer qué dicen los ciudadanos de Nicaragua, lo que es imposible de saber porque sus lideres están exiliados o en la cárcel, y faltan las estructuras y condiciones para que esos ciudadanos se expresen.

México tiene aquí la oportunidad de pulir su reputación latinoamericana. El escudo de la autodeterminación de los pueblos es inaplicable, porque como ya se dijo, el pueblo nicaragüense carece en este momento de autodeterminación por voluntad de Ortega.

Como impulsor en el sigo pasado del régimen que ahora usufructúa Ortega, tiene responsabilidad política y moral con los principios que dieron origen a ese gobierno, y debe defenderlos. Pulir una postura de condena a las acciones de Ortega al mismo tiempo que oponerse a acciones unilaterales en su contra, sería una vía que, además, dejaría un precedente contra cualquier forma de injerencia que quiera hacerse valer contra el gobierno de México.

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