El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (Cnspf) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que en Tlaxcala existen dos mil 137 elementos de la Guardia Nacional (GN) y de Seguridad Pública Estatal.

De estos, el 27.8 por ciento son mujeres y 72.2 por ciento son hombres que se encuentran en operaciones dentro del estado de Tlaxcala con tareas propias de seguridad.

En este mismo sentido, la encuesta reveló que en el estado de Tlaxcala existen 1.4 elementos de la policía municipal por cada mil habitantes, del 100 por ciento de los elementos, un 57.5 por ciento se dedica a labores de prevención del delito, mientras que un 1.1 por ciento son elementos de reacción, 1.3 por ciento de los elementos se encuentran encargados de labores de proximidad social y para tareas de investigación se destinan 1.4 por ciento de los elementos de seguridad estatal.

En relación con el rango de ingresos mensuales brutos del personal, 30.8 por ciento tuvo ingresos de hasta 20 mil pesos. En la GN, 90.8 por ciento contó con ingresos de 20 mil uno a 30 mil pesos.

En el orden estatal, 54.7 por ciento tuvo ingresos de hasta 20 mil pesos mensuales. Según sexo, en la GN, 4.5 por ciento de las mujeres y 4.8 por ciento de los hombres percibieron ingresos superiores a 30 mil pesos.

En las instituciones de seguridad pública estatales, 40.0 por ciento de las mujeres y 47.4 por ciento de los hombres tuvieron ingresos mayores a 20 mil pesos.

La actuación del personal de seguridad pública se debe regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Para ello, se requiere formarlo, fortalecerlo, promover su desarrollo y asegurar que cuenta con la capacidad para desempeñarse de forma efectiva.

Tres elementos para lograrlo son la formación de las personas de nuevo ingreso en academias o institutos, la evaluación y la certificación.

Dichos elementos permiten, respectivamente, capacitar a las y los aspirantes para su incorporación a las instituciones; identificar factores de riesgo que pudieran afectar el desempeño de la función policial; y corroborar que cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes para llevar a cabo sus actividades.