El gobierno de Michoacán solicitó una condena de 12 años de prisión contra Raúl Meza Abonce, de 27 años, por su presunta participación en los hechos violentos registrados durante las protestas realizadas tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. La administración estatal, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sostiene que el activista formó parte de una acción colectiva organizada con el objetivo de atacar la sede del Ejecutivo estatal.

El joven enfrenta el proceso en libertad y su defensa considera desproporcionada la acusación, argumentando que el caso se ha endurecido debido a que Meza fue uno de los rostros más visibles de las movilizaciones. El abogado Carlos Escobedo señaló que la participación de su cliente, quien ondeó una bandera desde el balcón del Palacio de Gobierno durante las protestas, lo colocó en el centro de la investigación penal.

De acuerdo con la defensa, la decisión de Meza de participar en las manifestaciones estuvo influida por experiencias personales relacionadas con la violencia, ya que su hermano y su pareja fueron asesinados en hechos distintos ocurridos en 2023.

El documento presentado el 3 de agosto sostiene que los manifestantes habrían utilizado objetos incendiarios, ocasionado daños a bienes públicos y generado riesgos para personas y patrimonio histórico. La acusación afirma que las acciones buscaron impedir el funcionamiento de las instituciones y que la protesta social no puede justificar la destrucción deliberada de infraestructura gubernamental.

Además de la condena de prisión, el gobierno de Michoacán solicitó la suspensión de los derechos políticos de Meza durante el mismo periodo y una reparación integral por los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno, con un monto inicial de mil 370 millones de pesos, cifra que podría actualizarse durante el juicio.

El proceso entrará en una etapa clave el próximo 3 de septiembre, cuando se realice la audiencia intermedia para determinar qué pruebas podrán ser incorporadas a un eventual juicio. Sin embargo, antes de avanzar, los jueces deberán resolver el recurso de amparo promovido por la defensa del activista.