El exgobernador de Guerrero, Ángel Helodio Aguirre Rivero, declaró durante su audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal “El Altiplano”, Estado de México, que meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitó al entonces procurador Jesús Murillo Karam detener al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Aguirre fue vinculado a proceso por presuntamente ocultar y ordenar destruir videos relacionados con el caso.

El exmandatario aseguró que en reuniones oficiales pidió actuar contra Abarca y que la tragedia pudo haberse evitado si las autoridades federales hubieran atendido las alertas. “Tal vez si lo hubieran hecho nada de esto hubiera pasado”, señaló ante madres y padres de los estudiantes desaparecidos.

Documentos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelan que desde 2013 y 2014 existían pruebas que vinculaban a Abarca con el grupo delictivo Guerreros Unidos. La Procuraduría de Guerrero remitió a la PGR declaraciones de testigos sobre el asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, lo que derivó en una averiguación formal en la SEIDO. Sin embargo, la investigación se paralizó y no se ejecutaron acciones preventivas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 208VG/2026, criticó la actuación de las autoridades locales de Guerrero, señalando que tanto Aguirre como el entonces procurador estatal Iñaki Blanco conocían los vínculos de Abarca con el crimen organizado y no actuaron oportunamente.

José Luis Abarca fue presidente municipal de Iguala entre 2012 y 2014. Tras la desaparición de los normalistas, se dio a la fuga y fue detenido en noviembre de 2014 junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. En 2023, un juez federal lo condenó a 90 años de prisión por el secuestro y homicidio de activistas, además de enfrentar otros procesos por delincuencia organizada y desaparición forzada.

Por su parte, Murillo Karam, exprocurador general, enfrenta juicios por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. Su narrativa oficial, conocida como la “verdad histórica”, fue desestimada por organismos internacionales y nacionales al considerarse una construcción basada en manipulación de pruebas y tortura. Actualmente cumple prisión domiciliaria por motivos de salud.