Las y los integrantes de la 66 Legislatura local aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley de Educación del estado, cuyo fin es garantizar el derecho a la presunción de inocencia de maestras, maestros, así como del personal administrativo de los centros educativos, durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su labor.

La diputada Mónica Leanet Reyes dijo que tras la aprobación de dicho dictamen, las autoridades estarán obligadas a abstenerse de emitir comunicaciones, adoptar medidas o realizar actos que impliquen un juicio anticipado sobre la responsabilidad de algún trabajador mientras no exista una resolución firme que la determine.

Además, explicó que se establece que deberá garantizarse el derecho de audiencia y defensa antes de imponer cualquier medida disciplinaria o administrativa.

Indicó que la iniciativa se construyó a raíz de que los centros educativos han experimentado un incremento en las tensiones derivadas de mayores cargas administrativas, conflictos escolares y exigencias institucionales, lo cual ha convertido a las escuelas en espacios de mayor estrés y presión para el magisterio, donde un señalamiento puede afectar la trayectoria profesional, la reputación y la vida familiar de las y los educadores involucrados.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, la presunción de inocencia constituye un derecho humano que no debe limitarse únicamente a los procesos penales, sino extenderse también a las actuaciones administrativas cuando estas puedan afectar derechos laborales o personales.

Reyes Martínez sostuvo que como fundamento jurídico, el dictamen cita los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexciana, que garantizan el debido proceso y la legalidad de los actos de autoridad, así como el artículo 20, que reconoce expresamente el derecho de toda persona imputada a ser considerada inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.

“La iniciativa no pretende crear un nuevo derecho ni otorgar un privilegio exclusivo; lo que busca es incorporar el principio de presunción de inocencia al marco normativo. Lo que hoy se plantea no está sobrerregulado. En los protocolos de la SEP basta con que un alumno o padre de familia haga un señalamiento contra un maestro o trabajador de la educación para que sea separado del cargo sin siquiera realizar una investigación”, señaló.