La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La orden, dictada este miércoles por el fiscal Brayan Melgar, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Y es que, durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro del país, con el respaldo de grupos afines a Evo Morales, para exigir la renuncia de Paz como “única demanda”.

Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.

La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.

Cabe mencionar que Evo Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata de personas.