La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, presentó seis denuncias penales contra representantes de distintas compañías.

Esto ya que presuntamente entregaron documentación alterada para inscribirse en el padrón de proveedores y contratistas del estado.

El secretario Alejandro Espidio explicó que estos casos motivaron la reforma aprobada por el Congreso local para reforzar la revisión de quienes buscan ejecutar obra pública.

El objetivo es verificar que acrediten experiencia, capacidad técnica, solvencia económica y cumplan con los requisitos legales.

Como parte de los cambios, las autoridades podrán negar el registro, la renovación o la ampliación de especialidades cuando detecten información falsa, además de dar vista a las instancias correspondientes para que determinen las responsabilidades.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, añadió que las modificaciones también obligarán a los ayuntamientos a revisar con mayor rigor a las constructoras que participen en sus licitaciones.

Ello con el propósito de garantizar que los recursos públicos se asignen a compañías que realmente tengan la capacidad para realizar las obras.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta exhortó a los empresarios interesados en contratar con el estado a mantener en regla sus obligaciones ante el SAT y el IMSS, atender los procesos de fiscalización y abstenerse de tener vínculos con empresas factureras.