El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa de reforma para añadir el artículo 375 Bis al Código Penal del Estado, con el objetivo de tipificar de manera clara y específica el robo de autopartes como un delito autónomo y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

La propuesta plantea castigos severos que van de los cuatro a los 10 años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre las 300 y las mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Esta sanción aplicará para quien se apodere, desmantele, comercialice, almacene o distribuya partes de un vehículo sin consentimiento.

En rueda de prensa, el legislador explicó que las penas planteadas podrían incrementarse hasta en una mitad bajo ciertos agravantes. Estos supuestos incluyen cuando el atraco sea cometido por dos o más personas, exista reincidencia o se ejecute dentro de estacionamientos públicos, privados o concesionados.

Asimismo, el proyecto contempla un aumento en el castigo si el delito afecta a dos o más vehículos de forma simultánea, si se ejerce violencia física o moral, si el fin es la comercialización de las piezas, o si los delincuentes utilizan herramientas tecnológicas para inhibir los sistemas de seguridad y alarmas.

Micalco Méndez reconoció que la reforma legal no solucionará la problemática de raíz por sí sola. No obstante, subrayó que, en la medida en que la ley se socialice y se dé a conocer entre la población, funcionará como un mecanismo efectivo para inhibir a quienes se dedican a esta actividad ilícita en las calles.