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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho ciudadanos mexicanos y 12 empresas con sede en México, por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que esta red suministra precursores químicos ilícitos de fentanilo a dicha organización, considerada terrorista por EE. UU. desde febrero.

La medida forma parte de una estrategia para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Según el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, más de 500 mil personas han muerto por intoxicación con fentanilo en ese país.

Personas sancionadas

Entre los sancionados se encuentran los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, así como Jairo Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García, ambos esposos de integrantes de la familia. También fueron incluidos César Elías López Araujo, señalado como testaferro, y Martha Emilia Conde Uraga, identificada como intermediaria química del Cártel de Sinaloa.

La empresa Sumilab, propiedad de la familia Favela López, fue sancionada por segunda ocasión por su presunta participación en el envío de precursores químicos. Otras compañías vinculadas incluyen Agrolaren, Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab y Storelab.

Conde Uraga también está relacionada con Comercial Viosma del Noroeste y Prolimph Químicos en General. Además, se sancionaron dos empresas adicionales: una del sector salud (Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico) y otra inmobiliaria (Roco del Pacífico Inmobiliaria).

Detalles de la sanción

El gobierno estadounidense, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha reforzado sus acciones contra redes financieras que apoyan organizaciones criminales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lidera los esfuerzos para desmantelar estas estructuras.

Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, dio a conocer que cárteles y pandillas extranjeras ofrecen recompensas por secuestrar y asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La funcionaria detalló que hay oficiales y agentes específicos por quienes se ofrecen recompensas de 2 mil dólares por secuestrarlos; mientras que se ofrecen diez mil por matarlos. Incluso han publicado sus fotos y las han distribuido entre sus redes criminales, acusó.

“Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, aseguró. Luego, informó que ya asignaron protección a dichos agentes y han cambiado algunas de sus operaciones para mantenerlos a salvo.

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